Cuestiones relativas a las medidas que tiene establecida la empresa para luchar contra la corrupción y el soborno

Tema controvertido, que pretende dar por sentado que ningún consumidor, ni empleado de una empresa acepta comportamientos que no son “éticos”.


Ética de la empresa en su conjunto, en todas sus actividades y relaciones. Internas y con el entorno. La empresa en su globalidad: Empresa que quiere ser y también parecer ética.


Hasta hace unos años, esta cuestión formaba parte de la necesaria relación de confianza para la práctica de los negocios, y se reparaba poco en su aplicabilidad y su impacto. En los años 90,  comenzó a generalizarse esta cuestión formalizándose mediante los denominados “Manuales de comportamiento y de organización empresarial”. En la actualidad hemos avanzado muchos pasos, y el entorno global en el que opera la empresa y por supuesto sus empleados, quiere conocer con detalle cuales son las posibilidades de que  las  actividades y operaciones realizadas sean susceptibles de desarrollarse sin la debida consideración ética o moral, incluso encuadrándose en actuaciones corruptas y delictivas. El soborno y el blanqueo de capitales, quizás sean las actuaciones más representativas en el entorno empresarial y de los negocios, y así han quedado expresamente reflejadas en la regulación, pero no son ni mucho menos las únicas.


Para desarrollar este importante área de la Información no financiera, debemos hacer un ejercicio previo interno reflexivo, una vez que hemos entendido bien los negocios de nuestra empresa en su conjunto, con el objetivo de identificar, cuáles son los procesos empresariales o ciclos de operaciones en los que existe el riesgo de que se produzca una actuación fraudulenta o corrupta, o yendo más lejos, una actuación que no nos gustaría que fuera conocida por nuestros consumidores, o por las autoridades correspondientes. En definitiva,  una actuación realizada sin la debida consideración ética. Cada PYME tiene su casuística particular, pero en general, las áreas y los ciclos asociados a las compras y ventas (aceptar sobornos en la relación con proveedores y ofrecer sobornos en la relación con clientes) constituyen los más habituales.


Resulta curioso como el legislador ha añadido expresamente en la Ley, que se debe de informar  de las aportaciones realizadas por la empresa a fundaciones y entidades sin ánimo de lucro,  en el mismo párrafo de la regulación en el que se está describiendo como se debe de informar de las “Medidas para prevenir y luchar contra la corrupción y el soborno y el blanqueo de capitales”.  Entendemos que es, porque puede tratarse de una instrumentación que se utiliza en ocasiones para desviar fondos sin una finalidad real, por lo que se desvirtúa la verdadera naturaleza de la financiación de las entidades sin ánimo de lucro.


Continuando con lo que el regulador ha determinado que se informe, básicamente podemos encuadrarlo en dos cuestiones:


PRIMERA: Hay que explicar cuál es la manera y por medio de que procedimientos,  la empresa identifica, evalúa, previene y atenúa el riesgo de haya prácticas fraudulentas y de corrupción en sus operaciones.  Es decir, hay que describir que medidas ha adoptado la empresa para que las situaciones en las que exista la posibilidad de que haya “corrupción” estén más controladas.


SEGUNDA: Hay que explicar cuáles son  las conclusiones sobre los resultados obtenidos. Es decir,  hay que cuantificar  los efectos que se han obtenido con las medidas adoptadas.

Esto, resulta ya más complicado porque es medir, pero  ¿cómo hacerlo? Parece que lo ideal sería que para cada uno de las medidas establecidas y documentadas para prevenir actuaciones de corrupción, que en un PYME, tendremos que empezar con pocas, siempre por las más relevantes o materiales, podemos establecer tres únicos escalones para cada una de las medidas establecidas:


Un primer escalón, que determine sobre el total de operaciones o procedimientos afectados  en los que las medidas están actuando, cuantas han sido objeto de “sospecha” de irregularidad para su evaluación.


En segundo lugar, cuantificar sobre estas operaciones o procedimientos evaluados cuántas han sido descartadas y por tanto no se ha detectado ninguna irregularidad.


Finalmente, únicamente restarían las operaciones en las que han sido detectados fraudes.


Como podemos observar, esto no es sencillo de implantar en un PYME, pero se puede hacer dedicando pocos recursos y tiempo, si se plantea dando pequeños pasos: empezando por identificar los procedimientos y operaciones en los que de una manera más relevante pueda haber “corrupción”, que sean pocos (tres o cuatro), y medir los resultados como estamos sugiriendo.

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